El problema de la vivienda en Cataluña persiste y no parece que se encuentre una solución justa. La lentitud de la justicia y el activismo de ciertos sectores más bien propician una situación que clama encontrar una salida urgente.

Mientras la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirma que las ciudades que están regulando el precio del alquiler de vivienda ‘no están teniendo mucho éxito’, nuestro actual Gobierno de Coalición ya plantea en su programa algunas soluciones en materia de vivienda, como son: ampliar de forma progresiva el presupuesto para dicha materia, un plan de cuatro años para la rehabilitación de casas, el realojo inmediato de inquilinos sin recursos, fomentar el alquiler social para todos aquellos que no dispongan de alternativa habitacional y el freno de la subida abusiva de los alquileres facilitando, a las comunidades autónomas o ayuntamientos que así lo consideren, la regulación de las subidas en zonas previamente declaradas como tensionadas. El pacto también estudia obligaciones adicionales para los grandes propietarios y busca impulsar reformas normativas que permitan a las comunidades de propietarios prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o, en su defecto, fijar condiciones para su ejercicio.

No obstante, esta aprobación plantea ciertos problemas de encaje constitucional ya que, según el art. 149.8 de la Constitución, el Estado posee la competencia exclusiva sobre legislación civil, que incluye todo lo relativo a arrendamientos urbanos.

Sin duda, la vivienda es y será una de las principales columnas del estado de bienestar y, según los resultados de las Estadísticas metropolitanas sobre condiciones de vida en 2017-2018 publicados por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, el 35% de la población en régimen de alquiler en el Área Metropolitana de Barcelona destina más de un 40% de sus ingresos a gastos de vivienda.

Conocedores de esta situación, la Generalitat, junto con los agentes sociales y políticos, impulsan la aprobación de un Decreto ley que nace con el deseo de mejorar el acceso a la vivienda. Este Decreto ley consta de cinco ejes fundamentales:

  • Reforzar y ampliar el alcance del alquiler social obligatorio que deben brindar los grandes propietarios a las familias vulnerables cuando estas estén en riesgo de perder su vivienda; hasta los 5 o7 años dependiendo de si la propiedad pertenece a una persona física o jurídica. Con el propósito de ayudar en la gestión de los casos de emergencia, el Decreto ley facilita la construcción de alojamientos temporales en suelo de equipamientos.
  • Activar medidas urbanísticas que potencien la promoción de vivienda protegida en suelo público hoy sin desarrollar, con la finalidad de hacer crecer el parque de vivienda de alquiler social. También se quieren implementar herramientas para que se consideren como desempleados a todos los edificios con obras inacabadas, con el propósito de movilizarlos y generar así más vivienda asequible.
  • Potenciar la iniciativa privada para que también se incorpore en la vivienda protegida de alquiler, fomentándolo con ayudas tales como la cobertura pública en el cobro del alquiler. Así mismo, las nuevas viviendas de protección oficial mantendrán esta calificación de forma indefinida y su precio se determinará mediante un modelo único cuyas variaciones vendrán determinadas exclusivamente por la ubicación, las características, y el coste o mejora de los procedimientos de adjudicación.
  • Lo que se pretende conseguir incrementando el parque del alquiler social es ampliar la oferta disponible para empujar el mercado libre a la baja. Para ello el Decreto ley introduce medidas que convierten al Índice de Referencia de Precios del Alquiler en un factor clave cuando el propietario fije su propuesta de renta mensual, y permitirá a los propietarios acceder a las ayudas públicas de fomento del alquiler. En el área metropolitana de Barcelona, la reserva mínima de vivienda protegida será del 40% del techo en suelo urbanizable delimitado, y del 40% en suelo urbano no consolidado.
  • Como última medida, la modificación de la definición de ‘vivienda vacía’ como medida urgente para mejorar el acceso a la vivienda, quedando de la siguiente manera: “la vivienda vacía es la que permanece desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años”. Entendiendo como ‘causas justificadas’: el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población, o si la propiedad de la vivienda es objeto de litigio judicial pendiente de resolución. La ocupación sin título legítimo no impedirá que se pueda considerar vacía una vivienda.

La previsión de crecimiento de la compraventa de vivienda en Cataluña para 2020 se sitúa en un 3,2%, superando las 100.000 transacciones, mientras que los precios revelan una tendencia a moderarse durante este año 2020, con una subida del 4%. Estos son datos extraídos del VIII informe sobre el ‘Mercado residencial en España’ que elabora Servihabitat Trends y que nos indica que Cataluña está entre las comunidades que presentan un volumen de compraventas mayor para este año 2020.

Respecto a los precios, Barcelona y su área Metropolitana se encaminan hacia la estabilidad dejando atrás aumentos del 17,1% y el 24,9% de las viviendas iniciadas y de las terminadas, respectivamente. El ‘stock’ de obra nueva seguirá con el mismo ritmo de reducción, situándose en un 3,6% de descenso, similar a la media estatal. La oferta de vivienda en alquiler en Cataluña está en torno a las 15.000 viviendas, con un precio medio -en viviendas de 80/90 metros cuadrados- de 724 euros, y una rentabilidad del 5,6%.

El estudio prevé una tendencia a la estabilidad en cuanto a la subida de los precios del alquiler en Cataluña, con incrementos alrededor del 7% para este año.

Escrito por Laia Iborra.

 

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