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El Consejo de Ministros, amparándose en nuestra Constitución y tras escuchar las peticiones de miles de afectados, ha aprobado un paquete de medidas cuyo objetivo es a crear un cinturón de seguridad entorno a aquellas personas que están siendo más azotadas por las consecuencias de esta crisis sin precedentes derivada del Covid-19, a saber: ciudadanos afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), gente con reducción de jornada, parados o autónomos con ingresos reducidos y cuyos ingresos no lleguen al límite de tres veces el Iprem (1.635,8 euros que se incrementará por hijos y personas dependientes a cargo).

El Gobierno manifiesta, entre otras medidas, que si las autoridades competentes están imponiendo el confinamiento global también deben garantizar medidas que protejan el Derecho Constitucional a la Vivienda, considerada, dadas las circunstancias, ‘trinchera desde la que la sociedad resiste al virus’.

Centrándonos en las medidas que corresponden a las personas que viven en régimen de alquiler, el Decreto ley aprobado englobaría las siguientes medidas:

  • Quedan suspendidos, hasta cumplidos seis meses del fin del estado de alarma, todos los desahucios sin alternativa habitacional de los hogares vulnerables.
  • Quedan prorrogados, por seis meses, todos los contratos de alquiler en vigor que estén a punto de vencer con la finalidad de impedir que, a ningún inquilino de España con contrato vigente, se le pueda subir el alquiler durante los próximos seis meses.
  • Haciendo uso del Instituto de Crédito Oficial, se pone en marcha un sistema de microcréditos públicos, sin comisiones y a interés 0% para todas las personas en situación de vulnerabilidad. Las personas que se beneficien de ellos podrán devolverlos en un plazo de seis años, ampliables hasta diez en caso de tener dificultades para devolverlos.
  • Si hubiera personas que, aún y con estas medidas, no pudieran hacerse cargo de las devoluciones de las ayudas públicas al pago del alquiler, concedidas a raíz de la crisis provocada por el Covid-19, el Estado se hará cargo de sus deudas con ayudas de hasta 900 euros al mes para el alquiler y 200 euros para el pago de suministros, comunidad, mantenimiento, etc..
  • Se hace una distinción entre el pequeño propietario, los fondos buitre y los grandes tenedores de vivienda. El Decreto garantiza que todos los pequeños propietarios percibirán las rentas íntegras de sus viviendas en alquiler. Los grandes tenedores y los fondos de inversión deberán efectuar quitas o reestructuraciones en las deudas de sus inquilinos, las opciones para ellos son dos: llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino, o reestructurarla para que pueda pagarla durante tres años.

 

Si aún te preguntas si cumples los requisitos necesarios para solicitar estas ayudas estatales a las personas que viven en régimen de alquiler, lo primero que debes consultar es la situación económica en la que te encontrabas un mes antes de la solicitud de la moratoria y si esa situación cumple los siguientes requerimientos:

  • No haber percibido más de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual (hablamos de 537.84 euros al mes). Este montante se incrementa en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o persona mayor de 65 años a cargo en la unidad familiar, y será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de una familia monoparental. Si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene una discapacidad declarada superior al 33%, se encuentra en situación de dependencia o padece una enfermedad que le incapacite de forma permanente para cualquier actividad laboral, el límite percibido mensual será de cuatro veces el IPREM, sin prejuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo. Si la persona obligada a pagar la renta es una persona con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado reconocido igual o superior al 65%, o con una discapacidad física o sensorial o una enfermedad grave que incapacite a la persona, o a su cuidador para realizar una actividad laboral, el límite será cinco veces el IPREM.
  • Cuando la renta más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos del conjunto de miembros de la unidad familiar, entendiendo por gastos y suministros básicos al coste de electricidad, agua corriente, gasoil para calefacción, gas, servicios de telecomunicaciones fija y móvil, y posibles contribuciones a la comunidad de propietarios; todos ellos deben ser correspondientes a la vivienda habitual.
  • Todas aquellas personas que gocen de una propiedad o un usufructo de alguna vivienda en España no podrán solicitar dichas ayudas, excepto en el caso de que el derecho recaiga únicamente sobre una parte proporcional de la misma y se obtuviera por herencia o a través de cesión mortis causa sin testamento.
  • Podrás optar a la ayuda cuando seas propietario de una vivienda, pero puedas acreditar la no disponibilidad de dicha vivienda debido a una separación o divorcio, o cualquier otra causa ajena a tu voluntad, o si dicha vivienda resulta inaccesible por razón de discapacidad del propietario o de alguna de las personas que forman la unidad de convivencia.

 

Si ya tenemos claro que podemos solicitar las ayudas estatales para las personas en régimen de alquiler, la siguiente pregunta que nos viene a la cabeza de forma inmediata es: ¿Qué documentación necesito? Bien, pues para solicitar dichas ayudas debes preparar una serie de documentos que acrediten que cumples con los requisitos demandados, estos son:

  • Si te encuentras en situación de desempleo: un certificado cursado por la entidad gestora de las prestaciones donde figure la cuantía mensual percibida por prestaciones o subsidios por desempleo.
  • En el supuesto del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: necesitas un certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  • Deberás acreditar el número de personas que habitan en la vivienda habitual mediante la presentación del libro de familia o un documento acreditativo de pareja de hecho. También deberás presentar un certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda con referencia al momento, tanto de la presentación de estos documentos acreditativos como aquellos correspondientes a los seis meses anteriores.
  • En caso de discapacidad: Una declaración oficial de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente para realizar cualquier actividad laboral.
  • Con el fin de confirmar que no eres propietario de una vivienda: una nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Si el solicitante de la moratoria no puede aportar alguno de los documentos necesarios para demostrar su situación de desempleo o titularidad de una vivienda, podrá sustituirlo por una declaración responsable que incluya una justificación expresa de motivos relacionados con las consecuencias del Covid-19 para la no aportación de dicha documentación. Pero, una vez finalizado el estado de alarma y sus correspondientes prórrogas, dispondrá de un mes de plazo para aportar aquellos documentos necesarios que no hubiese facilitado.

 

Todo el equipo de Immo Inteligent Sistem S.L esperamos ser de ayuda con nuestras diversas publicaciones, y deseamos que no dudéis en pensar en nosotros una vez termine esta situación de crisis sin precedentes deribada del Covid-19 para contratar cualquiera de nuestros servicios.

Escrito por Laia Iborra Rojo.

 

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